El ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, se presentó este jueves ante la Comisión Extraordinaria de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados, en el marco del tratamiento del proyecto de Ley N°257 vinculado al Crédito Público.
En el encuentro legislativo, el titular de la cartera económica expuso junto a integrantes de su equipo técnico los principales alcances del esquema de financiamiento contemplado en la iniciativa impulsada por el Ejecutivo Provincial. La presentación estuvo orientada a brindar precisiones sobre los mecanismos financieros previstos y el destino de los recursos.
La reunión contó además con la participación de la ministra de Gobierno, Belén Elmiger; el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), Marcelo De La Torre; la secretaria de Estado de Comunicación Pública y Medios, Irene Stur, y Ernesto Coloe, secretario de Estado de Hacienda y Finanzas, quienes acompañaron la exposición realizada ante los legisladores provinciales.
En el transcurso de la exposición Ezequiel Verbes y el equipo económico defendieron el proyecto de Ley 257 de Crédito Público como una herramienta estratégica para financiar infraestructura estructural en toda la provincia, y junto a su equipo, explicó que el programa contempla una autorización de financiamiento de hasta 600 millones de dólares destinados exclusivamente a obras de infraestructura, programas de desarrollo y administración de pasivos.
Un esquema de financiamiento mixto
Según detalló Verbes, el esquema proyectado combina financiamiento multilateral y emisión de bonos, con una estructura integrada por USD 375 millones mediante CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— y USD 225 millones a través del mercado de capitales.
El plazo previsto alcanza hasta 25 años para el financiamiento multilateral, incluyendo cuatro años de gracia, mientras que los bonos tendrían un horizonte de 12 años, con tres años iniciales de gracia.
Desde el Ministerio de Economía explicaron que la estructura fue diseñada para garantizar un perfil financiero sostenible y compatible con obras de infraestructura de largo plazo.
Por qué el crédito será en dólares
Uno de los puntos centrales de la exposición estuvo vinculado a la decisión de tomar financiamiento en dólares. El ministro sostuvo que se trata de una definición técnica basada en las condiciones actuales del mercado financiero y no de una decisión política.
En ese sentido, explicó que las tasas internacionales resultan considerablemente más bajas que las disponibles hoy en el mercado argentino en pesos.
Mientras las provincias que emiten deuda en moneda local enfrentan tasas nominales que rondan entre el 57% y el 65% anual, Santa Cruz proyecta acceder a financiamiento cercano al 9% anual en dólares para los bonos y alrededor del 5% anual en el caso del crédito multilateral de CAF.
“El mercado en pesos actualmente solo ofrece financiamiento corto y costoso, pensado para cubrir necesidades inmediatas y no para obras de infraestructura que requieren plazos extensos de ejecución y repago”, indicaron durante la presentación.
Plazos más largos y mayor capacidad de inversión
El equipo económico provincial también explicó que el financiamiento en dólares permite acceder a plazos considerablemente más largos que los disponibles en el mercado local.
Según detallaron, las emisiones recientes de provincias como Mendoza y Buenos Aires se realizaron a plazos de entre 12 y 36 meses, mientras que las obras proyectadas para Santa Cruz requieren esquemas de financiamiento de entre 10 y 25 años.
Además, señalaron que el mercado internacional permite operaciones de mayor volumen, algo clave para sostener un programa integral de infraestructura que alcanzará a 20 localidades de la provincia.
Regalías dolarizadas y capacidad de repago
Otro de los ejes de la exposición estuvo relacionado con la capacidad financiera de la provincia para afrontar compromisos en moneda extranjera.
El Gobierno provincial sostuvo que Santa Cruz cuenta con una “cobertura natural” debido a que gran parte de sus ingresos por regalías hidrocarburíferas y mineras están dolarizados.
De acuerdo a los datos presentados, durante el primer cuatrimestre de 2026 la provincia percibió aproximadamente USD 111 millones en regalías, ingresos que mantienen relación directa con la cotización del dólar y aportan previsibilidad al esquema financiero.
Asimismo, el programa contempla mecanismos de mitigación de riesgo como fideicomisos financieros, cuentas de reserva para servicios de deuda (DSRA) e instrumentos de cobertura.
Dentro de los límites legales
En la reunión legislativa también se remarcó que el proyecto se encuentra ampliamente dentro de los márgenes permitidos por la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal N°25.917.
Según se explicó, el financiamiento proyectado utilizaría apenas el 17% de la capacidad legal de endeudamiento disponible de Santa Cruz.
“El cupo solicitado está por debajo de otras autorizaciones recientes aprobadas en provincias como Santa Fe, Córdoba o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, señalaron desde el Ministerio.
82 obras prioritarias en 20 localidades
La cartera de inversión prevista contempla 82 obras priorizadas distribuidas en toda la provincia, con eje en infraestructura energética, educativa, sanitaria, turística y productiva.
Entre los proyectos incluidos figuran acueductos, gasoductos, redes eléctricas, hospitales, escuelas, viviendas, polideportivos, obras viales y equipamiento estratégico.
Los programas se organizan en tres grandes áreas: Educación y Salud; Turismo Sustentable; y Energía y Desarrollo Productivo.
Impacto económico y generación de empleo
El Gobierno provincial proyecta que el programa generará alrededor de 38.823 empleos directos e indirectos durante el desarrollo de las obras.
Además, se estima una inversión privada inducida superior a los USD 1.125 millones, especialmente vinculada a sectores como hidrocarburos, minería, turismo, logística, industria y servicios.
Durante la presentación, el equipo económico sostuvo que el objetivo central del programa es “transformar infraestructura en desarrollo”, generando condiciones para ampliar la actividad económica y mejorar la competitividad provincial.
Comparación con otras provincias
Durante la presentación ante los diputados provinciales, el Ministerio de Economía también expuso un comparativo con otras jurisdicciones argentinas para demostrar que el esquema de financiamiento proyectado por Santa Cruz se encuentra dentro de parámetros considerados normales en el mercado subnacional.
Según los datos oficiales presentados, el cupo de hasta USD 600 millones solicitado por Santa Cruz se ubica por debajo de las autorizaciones recientes otorgadas a provincias y ciudades con fuerte presencia en el mercado financiero.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un programa global superior a los USD 2.500 millones; Santa Fe tiene autorizaciones por USD 1.000 millones; Córdoba acumula emisiones cercanas a USD 800 millones y Chubut analiza actualmente esquemas de financiamiento que oscilan entre USD 500 y 650 millones.
En ese contexto, desde el Ejecutivo provincial señalaron que Santa Cruz se ubica en un rango “medio-bajo” dentro del mapa de endeudamiento provincial argentino.
Además, el equipo económico remarcó que la provincia utilizaría solo el 17% del margen legal disponible para endeudamiento establecido por la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal N°25.917, dejando sin utilizar más del 83% de su capacidad autorizada.
Otro de los aspectos destacados fue la diferencia entre el financiamiento en dólares proyectado por Santa Cruz y las emisiones recientes realizadas en pesos por otras provincias.
Como ejemplo, se mencionó el caso de Mendoza, que emitió bonos ajustados por inflación (CER) a 24 y 36 meses, y el de Buenos Aires, que colocó instrumentos a 12 y 24 meses con tasas variables atadas a indicadores financieros e inflación.
Desde el Ministerio de Economía explicaron que esos esquemas resultan útiles para necesidades financieras de corto plazo, pero no para programas integrales de infraestructura que requieren períodos largos de ejecución y amortización.
En contraste, Santa Cruz proyecta financiamiento a plazos de entre 12 y 25 años, con tasas cercanas al 5% en el tramo multilateral de CAF y alrededor del 9% en el componente de bonos internacionales.
“El mercado en pesos no ofrece hoy condiciones compatibles con obras de infraestructura estructural. Los plazos son demasiado cortos y las tasas demasiado elevadas para sostener programas de inversión de esta magnitud”, señalaron durante la exposición.
El Ejecutivo provincial también sostuvo que la combinación entre financiamiento multilateral de CAF y emisión de bonos permite construir un perfil financiero “más equilibrado y seguro” que otros modelos utilizados por distintas provincias argentinas.
Restricciones y controles
Finalmente, aclararon que la iniciativa prohíbe expresamente utilizar los fondos para gastos corrientes, salarios estatales, subsidios o funcionamiento administrativo del Estado.
El financiamiento únicamente podrá destinarse a inversión real y gastos de capital vinculados a infraestructura y desarrollo productivo.
La propuesta prevé además control parlamentario, auditorías del Tribunal de Cuentas, sistemas de trazabilidad financiera y rendiciones públicas periódicas sobre la ejecución de los recursos.