Lorena Yerera, integrante de la Comisión Directiva del SIPGER, cuestionó al diputado nacional por recurrir al parentesco político y a denuncias vinculadas a Romina Mercado en lugar de responder sus objeciones sobre la cautelar dictada contra el Sindicato. También le reclamó que se pronuncie sobre el cumplimiento de la Ley 3141, modificada por la Ley 3960 y conocida como Ley 90/10. Advirtió que están en juego derechos y puestos de trabajo, y que el alcance de la medida debería preocupar a todos los gremios de Santa Cruz.
En su publicación, Guzmán no formuló ninguna consideración sobre la competencia del juez, las condiciones en las que fue notificada la cautelar ni el alcance de una orden que comprende a autoridades, dirigentes, delegados, afiliados y toda persona que actúe en representación del SIPGER. Tampoco fijó posición sobre la denuncia del gremio contra PAE por el ingreso de personal de otras provincias mientras hay petroleros santacruceños sin empleo.
“Para revisar un apellido alcanza con una búsqueda en internet. Para discutir una cautelar hay que leer, estudiar, dar argumentos y comprometerse con lo que está en juego. Guzmán tomó el atajo. Si una denuncia alcanzara para anular una opinión, tendría que empezar por aplicarse esa regla a sí mismo. No vamos a discutir así. Lo que tiene que explicar es qué piensa de una cautelar dictada con una rapidez que contrasta con las demoras de la Justicia en tantas otras causas”, afirmó Yerera.
Mercado había sostenido que quien dictó la medida era incompetente para intervenir en un conflicto de esas características. También afirmó que el Sindicato no recibió la resolución completa y que el oficio notificado no identifica el delito investigado, no individualiza a las personas concretamente alcanzadas ni establece cuánto tiempo permanecerá vigente la prohibición. A su entender, una cautelar de semejante amplitud restringe derechos consagrados en la Constitución Nacional sin precisar los hechos que justificarían esa decisión.
La medida fue comunicada mediante el Oficio N.º 581/26, fechado el 29 de junio de 2026, dentro del expediente N.º 64057/26. El documento consigna que el Juzgado Provincial de Instrucción N.º 1 de Pico Truncado se encuentra a cargo de Leonardo Cimini, mientras que la resolución transcripta lleva la firma del juez subrogante Marcelo S. Nieva Figueroa.
Yerera también advirtió sobre las consecuencias que una prohibición de ese alcance puede tener para la actividad gremial.
“El problema no termina en Petroleros. Una orden judicial que alcanza de manera general a todo un sindicato debería preocupar a cada organización gremial de Santa Cruz. Están en juego derechos que permiten representar, organizar y defender a los trabajadores”, remarcó.
La dirigente recordó que la senadora nacional Natalia Gadano, el senador José María Carambia, Mauricio Gómez, presidente del Concejo Deliberante de Las Heras, y el exgobernador y actual diputado provincial Daniel Peralta, junto con otros referentes políticos y sindicales, se pronunciaron, según el caso, sobre el cumplimiento de la ley, la defensa del trabajo santacruceño o las objeciones formuladas contra la cautelar.
También señaló que la intervención de Guzmán dejó afuera a quienes aparecen en la actuación judicial y a la empresa contra la que se dirige el reclamo gremial.
“Los nombres de Cimini y Nieva Figueroa están en el oficio. PAE está en el centro del reclamo por el cumplimiento de la Ley 90/10. Guzmán no habló de Cimini, de Nieva Figueroa ni de PAE. Tampoco mencionó a Marcos Bulgheroni, director ejecutivo de PAE Group. Su interés por los nombres empezó y terminó con Mercado. Es una curiosidad demasiado selectiva”, señaló.
Yerera diferenció la discusión judicial del reclamo laboral y remarcó que cada cuestión deberá resolverse en el ámbito correspondiente. El SIPGER ejercerá su derecho de defensa dentro del expediente y continuará reclamando frente a PAE y las autoridades el cumplimiento de la Ley 90/10.
La dirigente también alentó a más profesionales, referentes políticos y dirigentes gremiales a pronunciarse frente a una situación que afecta derechos sindicales y puestos de trabajo. Advirtió que, ante la gravedad de lo que ocurre, guardar silencio también implica tomar una posición.
Finalmente, le reclamó al diputado que abandone las descalificaciones personales y asuma una postura clara frente al conflicto.
“Hoy usó el parentesco de Romina Mercado y la etiqueta del kirchnerismo. Mañana puede hacer lo mismo con Güenchenen, Belloni, Carambia, Reyes o con cualquiera que lo contradiga. La maniobra es sencilla. Elige un nombre, le pega una etiqueta y transforma esa etiqueta en una acusación. La persona queda bajo sospecha y el problema que señaló desaparece de la discusión. Así evita dar argumentos y se arroga el derecho de decidir quién puede hablar. Es muy pobre para un diputado nacional. Fue elegido para representar a Santa Cruz, defender sus leyes, el trabajo de nuestra gente y los derechos que están siendo afectados. Si no está dispuesto a hacerlo, que diga con claridad qué intereses defiende”.