A exactamente un año de que la Corte Suprema confirmara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad -ejecutada el 10 de junio de 2025 con su detención domiciliaria-, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, publicó este miércoles un extenso mensaje en sus redes sociales en el que calificó el fallo como «una enorme infamia a la vista de todos».
«Cristina fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria», afirmó Kicillof. Para el gobernador, la sentencia en la causa Vialidad tiene dos vicios centrales: se la responsabilizó por la adjudicación de obra pública, una facultad que correspondía al Ministerio de Planificación y no a la Presidencia, y se la condenó sin prueba directa de su participación, recurriendo al argumento de que, dado su cargo, «no podía no saber» del esquema irregular. Ese razonamiento, sostuvo Kicillof, es «jurídicamente absurdo» porque reemplaza la prueba concreta por una presunción basada en la jerarquía.
El gobernador también interpretó que detrás de la sentencia existe un intento de «disciplinar, condicionar y amedrentar» a quienes enfrentan a los sectores de poder. «Está en juego la capacidad de poder representar a los sectores populares y está en juego la democracia», advirtió sobre la proscripción a Cristina.
En su mensaje, también evaluó que «persiguen también a su familia y alimentan un clima de odio y violencia que tuvo su expresión más salvaje en el intento de asesinato que sufrió» la titular del Partido Justicialista nacional en septiembre de 2022 y criticó la gestión judicial del caso al aseverar que, «a casi cuatro años del atentado, la investigación sobre quiénes lo planificaron, financiaron e instigaron brilla por su ausencia».
Kicillof trazó además una línea entre la condena judicial y el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. Según el gobernador, los mismos intereses que impulsaron la persecución contra Fernández de Kirchnerson los que hoy «sostienen un modelo económico que destruye la industria nacional, pulveriza salarios y jubilaciones, recorta derechos sociales y laborales, y concentra la riqueza en cada vez menos manos».
Cerró su mensaje con una afirmación que retoma -y reformula- el argumento legal que pesó sobre la exmandataria: «Ratificamos lo que verdaderamente no se puede no saber: Cristina es inocente y continúa injustamente detenida». Y completó: «Frente a cada injusticia y cualquier intento de disciplinar al campo popular, tenemos la obligación de defender la democracia y el derecho de nuestro pueblo a vivir dignamente, en una Argentina más justa».
En las declaraciones radiales, el mandatario bonaerense insistió con esa idea y volvió a definir la condena contra la exmandataria como «una infamia» orientada a «disciplinar, condicionar y amedrentar» a quienes representan intereses populares «frente a los sectores de poder».
El pronunciamiento del gobernador se produjo en un momento de tensión dentro del peronismo: Kicillof y Cristina no se hablan desde octubre de 2025, y la relación del economista con Máximo Kirchner recién tuvo un primer deshielo la semana pasada, cuando la muerte del Indio Solari los obligó a coordinar la despedida y descongeló un vínculo que atravesaba meses de distanciamiento.
Los actos
Hoy será una jornada de fuerte actividad del peronismo. Organizaciones como La Cámpora y otros espacios de Fuerza Patria convocaron desde las 16 a una concentración frente al domicilio de Cristina, en San José 1111, donde la exmandataria cumple prisión domiciliaria. Según los organizadores, la actividad incluyó una radio abierta de sindicatos y un acto político para expresar apoyo a la ex presidenta al cumplirse un año de la confirmación de la condena en la causa Vialidad.
En paralelo, diputados y senadores de Unión por la Patria y del bloque Justicialista realizaron una conferencia de prensa en el Senado, donde presentaron un documento crítico del accionar judicial que será remitido a la Corte Suprema. En el texto, los legisladores sostuvieron que la situación de la ex presidenta constituye una «proscripción política» y cuestionaron las condiciones de detención impuestas tras la condena.
Además de la actividad en la Ciudad de Buenos Aires, dirigentes y militantes peronistas organizaron actos y encuentros en distintas provincias y municipios bonaerenses para recordar la fecha y expresar respaldo a la exmandataria.