Anoche el secretario gral del sindicato de Petroleros Privados SIPGER Rafael Güenchenen lanzó un duro comunicado tras ser eje de una denuncia judicial presentada en su contra.
“Me dirijo a los trabajadores petroleros, a las familias santacruceñas y a la opinión pública para expresar mi más absoluto rechazo a la denuncia judicial presentada en mi contra. Se me pretende acusar por defender el empleo local, por exigir el cumplimiento de una ley provincial y por reclamar que Pan American Energy (PAE) deje de actuar en Santa Cruz como si estuviera por encima de las normas, de las comunidades y de los trabajadores.
No me denuncia una empresa que cumple con sus obligaciones. Me denuncia una operadora que explotó durante décadas los recursos de nuestra provincia, que abandonó la zona de Koluel Kayke dejando un pasivo ambiental de extrema gravedad, que nunca dio respuestas acordes al daño provocado y que hoy explota áreas en Santa Cruz sin cumplir las normas laborales provinciales que está obligada a respetar. Ahora pretende utilizar los tribunales para presentarse como víctima frente al legítimo reclamo del Sindicato que represento.
PAE quiere invertir los roles. Quiere convertir en acusado a quien reclama que se cumpla la ley y dejar en silencio a quienes deben dar explicaciones por el daño ambiental, el abandono de áreas, el incumplimiento de la contratación local y las decisiones operativas que vulneran derechos en nuestro suelo. Eso es inadmisible.
Marcos Bulgheroni debe comprender que Santa Cruz tiene leyes vigentes y que esas leyes se respetan. Nuestra provincia no es un territorio de descarte ni una zona liberada para que una operadora extraiga recursos, deje pasivos, incumpla obligaciones y después denuncie penalmente a quienes se plantan para defender el trabajo local y el respeto por la ley.
La introducción de personal y cuadrillas externas para operar en yacimientos de Santa Cruz vulnera de manera flagrante el espíritu y la letra de la Ley Provincial N° 3141, conocida como Ley 90/10. También desconoce la crisis laboral que atraviesan miles de familias vinculadas a la actividad hidrocarburífera. Cada equipo que se activa en nuestra provincia debe representar una oportunidad concreta para los trabajadores santacruceños. No vamos a aceptar que la reactivación petrolera se haga dejando afuera a nuestra gente.
Por eso responsabilizo a PAE por las consecuencias de sus decisiones. La paz social de la cuenca está en riesgo porque la empresa desconoce la realidad laboral, social y productiva de Santa Cruz. Después no podrán decir que no estaban advertidos.
Defender el sustento de nuestra gente no constituye un delito. Reclamar que se cumpla una ley provincial no constituye un delito. Convocar medidas de fuerza amparadas por la Constitución Nacional y por los derechos de las organizaciones sindicales tampoco lo es. Es mi obligación como Secretario General proteger a los afiliados, plantarme cuando una operadora pretende condicionar a la provincia con presiones o amenazas judiciales, y accionar cuando se avanza sobre el empleo local.
La protesta sindical, el reclamo colectivo y la defensa del trabajo no pueden ser criminalizados, aunque en Santa Cruz algunos parezcan querer convertir esa práctica en costumbre. El derecho de huelga y la organización gremial no son concesiones de las empresas ni permisos que otorga una operadora. Son derechos constitucionales de los trabajadores argentinos.
Lo que verdaderamente exige una investigación urgente y rigurosa es el comportamiento de PAE en Santa Cruz. En particular, debe revisarse su responsabilidad frente al pasivo ambiental acumulado, la contaminación hídrica y de suelos, el abandono de áreas operativas, el traslado de materiales, infraestructura y desechos entre provincias, y toda conducta empresaria que haya afectado a las comunidades santacruceñas.
Para eso existe normativa provincial y nacional vigente. Corresponde analizar la conducta de PAE frente a la Ley Provincial N° 3.122 y el Decreto Provincial N° 2.306/11, vinculados a pasivos ambientales, saneamiento, remediación, declaración de daños y obligaciones de recomposición; la Ley Provincial N° 2.658, modificada por las leyes N° 2.792 y N° 3.437, sobre evaluación de impacto ambiental, controles, auditorías y cierres de actividad; la Ley Provincial N° 2.567 y la Ley N° 2.703, sobre generación, tratamiento, transporte y disposición de residuos peligrosos; la Ley Nacional N° 25.675, que establece responsabilidad ambiental y recomposición del daño; y la Ley Nacional N° 24.051, sobre residuos peligrosos, contaminación de suelo, agua, aire y ambiente en general, con las responsabilidades civiles y penales que correspondan.
Pretender criminalizar al dirigente que reclama, mientras quedan sin respuesta las explicaciones que la empresa debe dar, constituye un grave atropello institucional.
También exhorto a la Justicia a no dejarse convertir en una herramienta de presión empresaria o política contra los trabajadores. En este último tiempo hemos verificado una celeridad inaudita en las acciones judiciales que tienen a nuestra institución como demandada. Esa velocidad contrasta de manera escandalosa con la demora que aparece cuando deben investigarse el daño ambiental, el perjuicio económico a las comunidades, los incumplimientos de las operadoras y las responsabilidades de quienes tenían o tienen la obligación de controlar.
Los tribunales tienen la obligación de mirar el conflicto completo. No alcanza con escuchar a una corporación que denuncia a un dirigente sindical. Una Justicia que solo se mueve cuando reclama una empresa poderosa y se vuelve lenta frente al daño que sufren los pueblos deja de ser garantía de derechos y se convierte en parte del problema.
Como conductor de esta organización gremial, reitero nuestra posición histórica. Queremos inversión, queremos perforación, queremos reactivación de equipos y queremos más actividad hidrocarburífera en Santa Cruz. Pero ninguna inversión puede construirse sobre la exclusión de los trabajadores santacruceños, la violación de las leyes locales o la degradación del ambiente.
Las empresas que exigen seguridad jurídica deben empezar por respetar las leyes de Santa Cruz, la provincia que les permite operar y les entrega sus recursos. No hay seguridad jurídica posible si las normas solo valen para los trabajadores y no para las corporaciones.
También quiero dejar algo absolutamente claro ante cada afiliado, cada trabajador petrolero y cada familia santacruceña. Voy a honrar el mandato que me dieron los trabajadores con la firmeza que exige este momento.
Estas acciones no me atemorizan. Confirman que estamos tocando intereses poderosos y que nuestra obligación es seguir de pie, defendiendo el trabajo local, la Ley 3141, el ambiente y el patrimonio del pueblo de Santa Cruz. Hago responsable al Gobierno Provincial de lo que pueda ocurrir.
Si PAE, o cualquier otro, cree que con una denuncia judicial nos va a hacer retroceder, se equivoca.
No me van a correr. No me van a quebrar. No me van a hacer claudicar.
Voy a estar donde tengo que estar, junto a los trabajadores y de frente a quienes pretendan desconocer los derechos de Santa Cruz.”
Rafael Güenchenen
Secretario General
SIPGER