En el día de la fecha se llevó adelante una reunión en las oficinas del Ministerio de Trabajo de Caleta Olivia con la participación del ministro de Energía de la provincia, Jaime Álvarez, y del ministro de Trabajo, Juan Mata. Del encuentro participaron también el secretario general de Camioneros, Sergio Sarmiento, el secretario general de Jerárquicos, José Lludgar, dirigentes de UOCRA, UPSAP y UTA, junto a autoridades de las empresas Patagonia, Brest, Azruger, GCG, Clear, Quintana y Crown Point.
Esta instancia fue el resultado de los reiterados reclamos que nuestra organización sindical viene realizando ante las autoridades provinciales y las empresas operadoras para que se dé cumplimiento efectivo a lo establecido en los pliegos licitatorios y en los contratos suscriptos con la Provincia.
En ese camino se realizaron presentaciones ante el Ministerio, denuncias públicas, reuniones con distintos actores del sector, asambleas con los trabajadores y distintas medidas gremiales en defensa de la actividad, que hasta el día de hoy no habían tenido una respuesta concreta por parte de las autoridades y los empresarios.
EN LA REUNIÓN, LAS EMPRESAS ASUMIERON EL COMPROMISO DE NO AVANZAR CON NUEVOS DESPIDOS, MIENTRAS QUE EL GOBIERNO PROVINCIAL SE COMPROMETIÓ A GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE ESE ACUERDO Y A INTERVENIR PARA DAR RESPUESTA A LOS DISTINTOS REQUERIMIENTOS QUE VENIMOS PLANTEANDO DESDE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES HACE TIEMPO. En ese sentido, queremos resaltar las palabras del ministro de Energía, Jaime Álvarez, quien manifestó expresamente que la Provincia hará cumplir lo acordado sin ningún tipo de concesión.
Este acuerdo permitirá avanzar en la reincorporación de compañeros de trabajo, en cumplimiento de las actas acuerdo firmadas en el Ministerio de Trabajo, que establecen de manera expresa esa obligación y que hasta el momento las empresas venían incumpliendo.
Asimismo, volvemos a solicitar que las empresas presenten una planificación operativa y un cronograma de trabajo serio, con metas y plazos verificables, que permita recuperar los niveles de producción, reactivar equipos y terminar con la situación de trabajadores en stand by o bajo amenaza permanente de despido. También debe avanzarse en la generación de nuevos puestos de trabajo.
Estas obligaciones fueron asumidas formalmente por todas las partes en 2025, cuando se adjudicaron las áreas a la UTE en el marco de los pliegos y contratos correspondientes. Si las empresas no están en condiciones de cumplir con esas obligaciones contractuales, deberán ceder esas áreas a operadoras que sí puedan hacerlo. Del mismo modo, el Gobierno provincial debe exigir el cumplimiento de las inversiones comprometidas o avanzar con el proceso de reversión de las áreas conforme a lo establecido en los contratos y la normativa vigente.
En relación con el Plan de Abandono de Pozos, el ministro de Energía informó que durante la próxima semana se publicarán los pliegos de licitación correspondientes, lo que permitirá comenzar con esas tareas a la brevedad.
En ese mismo marco, también manifestamos nuestra preocupación respecto de los plazos planteados en la reunión en relación con el informe vinculado a YPF. Según se indicó, la operadora presentaría un informe en siete semanas que luego sería auditado por la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, lo establecido oportunamente en el programa firmado por la Provincia, FOMICRUZ e YPF es distinto. La Facultad de Ingeniería de la UBA fue designada como entidad auditora del proceso desde su inicio, con la responsabilidad de supervisar los relevamientos ambientales, validar la metodología aplicada y acompañar técnicamente todo el procedimiento.
Incluso el cronograma fijado en ese acuerdo establecía que dentro de los primeros siete días debía presentarse el plan de trabajo y el informe de inicio, y que a partir del 1° de diciembre comenzarían los relevamientos de campo, con informes técnicos periódicos sobre el estado de los pasivos ambientales. Por lo tanto, no corresponde transformar ese proceso en una auditoría posterior sobre un informe elaborado por la propia operadora.
Este gremio, al día de la fecha, no ha tenido acceso a ninguno de esos informes, por lo que solicitamos formalmente a las autoridades provinciales que los pongan a disposición, tal como ya fue solicitado en instancias anteriores.
Desde esta organización dejamos en claro que la situación exige definiciones concretas y avances inmediatos. Es necesario comenzar cuanto antes con estos trabajos, tanto para defender los puestos de trabajo como para garantizar la seguridad ambiental de la provincia de Santa Cruz.
Se realizará un seguimiento permanente del cumplimiento de lo acordado en esta reunión y se adoptarán las medidas gremiales que correspondan si las empresas incumplen los compromisos asumidos. Los trabajadores del sector no vamos a aceptar nuevas dilaciones ni retrocesos. La defensa del trabajo, de la producción y del ambiente en la provincia de Santa Cruz seguirá siendo una prioridad irrenunciable para esta organización y para todos los trabajadores del sector.
Rafael Güenchenen
Secretario General SIPGER