Mientras el mundo avanza en debates sobre la reducción de la carga horaria y menos días de trabajo, hoy la Argentina discute cómo aumentar la jornada laboral a 12 horas diarias, imponiendo además una quita de derechos conquistados y consagrados por la Constitución Nacional.
En ese marco, el intendente de Río Gallegos y dirigente del peronismo santacruceño, **Pablo Grasso**, cuestionó duramente la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional y advirtió sobre su impacto negativo tanto en los trabajadores como en los municipios.
Javier Milei propone llevarnos a jornadas laborales de hasta doce horas sin pago de horas extras, sostuvo Grasso, haciendo hincapié en que esta reforma perfora derechos básicos como las vacaciones, las indemnizaciones y la jornada laboral.
El intendente remarcó además que el proyecto habilita que “el salario pueda pagarse en distintas monedas o en la forma que se acuerde, incluyendo vivienda, especies o comida”, lo que —señaló— “nos remite a épocas ancestrales, cuando se pagaba con especias, o incluso a momentos oscuros de nuestra historia, como cuando a los peones patagónicos se les pagaba con vales o velas”.
Grasso alertó también sobre el avance en el fraccionamiento de las vacaciones “a criterio del empleador”, el pago de indemnizaciones en hasta 12 cuotas y la habilitación del despido bajo la figura de “discriminación”, un escenario que comparó con las políticas de los años noventa: “millones creyeron en la modernización, pero cuando se dieron cuenta estaban desempleados”.
Por otro lado, la reforma sindical impulsa cambios que debilitan la organización de los trabajadores, limita el rol de las asambleas y atomiza los convenios colectivos de trabajo, ya que los convenios por empresa pasan a tener mayor peso que los sectoriales o nacionales. “Los beneficios son claramente para las empresas”, señaló Grasso, al tiempo que remarcó que la reforma reduce cargas vinculadas al Impuesto a las Ganancias y extiende el período de prueba de tres a seis meses.
Finalmente, el jefe comunal advirtió que **los municipios santacruceños perderían cerca de $5.000 millones** como consecuencia de las modificaciones impositivas impulsadas por el Gobierno Nacional. Si bien uno de los artículos vinculados a las alícuotas de Ganancias fue retirado, ese punto explicaba apenas el 38% del costo fiscal total estimado para provincias y municipios.
“Esta reforma no solo avanza sobre los derechos de los trabajadores, sino que también afecta gravemente el financiamiento de los gobiernos locales, poniendo en riesgo la prestación de servicios esenciales para nuestros vecinos y vecinas”, concluyó.