Una multitudinaria movilización recorrió este martes las calles de la ciudad de Río Gallegos para recordar a las víctimas del terrorismo de Estado y reafirmar el compromiso colectivo con la democracia.
La jornada comenzó en el Paseo de la Memoria, ubicado en el Complejo Cultural, desde donde partió la marcha por avenida San Martín hasta el escenario principal montado en la intersección de avenida Kirchner y Fagnano. Allí, referentes de agrupaciones políticas, organizaciones sociales, sindicatos, funcionarios, militantes y vecinos y vecinas se congregaron bajo la consigna de “Nunca Más”.
El acto central incluyó la lectura de un documento consensuado por las organizaciones convocantes, en el que se reivindicó la lucha histórica por los derechos humanos, se denunció la continuidad de políticas de exclusión y se reafirmó el compromiso con la memoria activa frente a cualquier intento de negacionismo o relativización del terrorismo de Estado. Asimismo, se destacó el proceso de juzgamiento a los responsables de la dictadura como un logro fundamental de la democracia argentina.
Posteriormente, se desarrolló una peatonal cultural sobre avenida Kirchner, con diversas intervenciones artísticas, musicales y expresivas que rindieron homenaje a los más de 30.000 detenidos desaparecidos.
En la oportunidad, se presentó un mural en homenaje al exdiputado provincial Juan Carlos Rosell, figura representativa de la militancia política en Santa Cruz y víctima del terrorismo, el diputado por pueblo Eloy Echazú, el concejal Martín Chávez y la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, descubrieron esta obra realizada por el equipo de la Casa de la Juventud.
La convocatoria fue impulsada por el Municipio junto a diversas organizaciones, con la intención de sumarse a la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, en una jornada cargada de memoria, reflexión y participación popular que se dio en todo el país.
El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, acompañó la movilización junto a integrantes de su gabinete y destacó la importancia de sostener la memoria colectiva: “Poder seguir recordando cada paso, fortaleciendo la verdad y la justicia, y sosteniendo que nuestra identidad es central en la actualidad”, expresó en rueda de prensa. Además, subrayó que “el pueblo argentino se moviliza con un gran sentido de pertenencia para defender sus derechos y no volver al pasado”.
En ese sentido, el jefe comunal advirtió sobre discursos que buscan relativizar el terrorismo de Estado y remarcó la necesidad de “seguir trabajando para que las nuevas generaciones mantengan viva la memoria y el legado de quienes lucharon por la democracia”.
“Hackear el olvido”
Durante la ceremonia, que comenzó con un video de Amnistía internacional, se dio lectura al documento consensuado por organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos.
Bajo la consigna “Hackear el olvido”, el texto expresó un fuerte posicionamiento político e histórico al cumplirse 50 años del golpe de Estado de 1976, al que definió como “una operación planificada para instaurar un proyecto político, económico, social y cultural destinado a aniquilar la soberanía política, la independencia económica y la justicia social del pueblo argentino”.
El documento, que fue leído por las militantes sociales Patricia Aguirre, Analía Orellana y Noelia Delgado, reivindicó el proceso de memoria, verdad y justicia desarrollado en democracia, destacando como un “logro irrenunciable” el juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado, lo que permitió “romper el ciclo de impunidad y sentar en el banquillo a los genocidas”.
Asimismo, se puso en valor la búsqueda permanente de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, subrayando que “cada identidad recuperada es un triunfo de la verdad sobre el silencio impuesto por las botas y los fusiles”.
En clave histórica, el texto trazó un paralelismo entre el terrorismo de Estado de 1976 y hechos previos en la provincia, como los fusilamientos de obreros patagónicos en 1921, señalando la existencia de “un hilo conductor de violencia e impunidad contra los trabajadores”.
En el plano político actual, el documento manifestó preocupación por lo que considera un retroceso en políticas de derechos humanos, denunciando el desmantelamiento de instituciones y discursos que relativizan el genocidio. En ese sentido, se expresó un enérgico rechazo a cualquier intento de negacionismo o de reinstalar la impunidad.
También se hizo referencia a la situación judicial y política de distintos dirigentes, denunciando persecución y proscripción, y cuestionando el rol del Poder Judicial en el contexto actual.
Entre sus definiciones centrales, el documento sostuvo que “el 24 de marzo no es solo una fecha, sino un mandato político y social”, e instó a “defender la memoria como herramienta de resistencia frente al individualismo y la desmemoria”.
Finalmente, se reafirmaron consignas históricas del movimiento de derechos humanos: “30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, presentes. Ahora y siempre”,
“Libertad a los presos políticos”, y “Nunca más al terrorismo de Estado, nunca más al saqueo”.
El documento concluyó con un llamado a fortalecer la organización popular y a construir una sociedad basada en la dignidad, la justicia social y la memoria activa: “Nuestra política es el cuidado, la protección y la construcción de una nación donde la dignidad humana sea el centro”.