Ante el fallo judicial político y las declaraciones falsas de funcionarios provinciales Franchini, Bucci y Di Lorenzo
Queridas Familias de Valdocco.
Queridos Educadores.
Querida Comunidad de El Calafate y de toda Santa Cruz.
Frente a tantas mentiras, necesitamos llevar verdades.
El reciente fallo de los jueces Eduardo Gabriel López y Carlos Enrique Arenilla, de la Cámara Civil Laboral y
de Minería, no constituye un acto técnico ni imparcial, sino una decisión que acompaña la política educativa del Gobierno provincial, y para ello desconoce pruebas fundamentales, simplifica el objeto del amparo instruido por la Fundación, reduciéndolo a un mero conflicto de tipo patrimonial, habilitando el vaciamiento educativo y social de la Fundación Valdocco. Este pronunciamiento afecta directamente a la Casa Nuestra Señora de la Patagonia y Centro de Educación Secundaria Técnica Monseñor Alejandro Buccolini en El Calafate y a la Casa en Cañadón Seco, poniendo en riesgo derechos básicos de estudiantes, trabajadores y familias.
Esos derechos no son simples declaraciones: están consagrados en la Constitución Nacional y Provincial, en
leyes nacionales y provinciales, y en convenciones internacionales de jerarquía constitucional, como la Convención
sobre los Derechos del Niño. El fallo desconoce ese plexo jurídico, lo que evidencia que no se trata de un
pronunciamiento técnico, sino de una decisión política que vulnera derechos fundamentales.
El Gobierno Provincial, a través de comunicados y declaraciones de la Prof. Daniela Franchini (Directora
Provincial de Educación de Gestión Privada), del Secretario Sergio Bucci (Secretario de Estado de Medios) y de la
Prof. Noelia Di Lorenzo (Coordinadora Regional de Educación Zona Sur – CPE), intentó instalar falsedades que deben
ser desmentidas con claridad.
En primer lugar, se afirma que el fallo no afecta a El Calafate. Esto es falso. La sentencia anula resoluciones
que impactan directamente en nuestra comunidad: la 2890/22 y la 3277/23 (tecnicaturas), la 3339/23 y la 3341/23
(plantas funcionales) y sus memorados. La consecuencia inmediata es la baja de dos tecnicaturas (100 alumnos/as
que deberán buscar otro colegio en el 2026), la reducción de cargos y la pérdida de empleos en El Calafate (43
movimientos de novedades no han sido dados de alta a la fecha, y fueron solicitados correctamente, incorporando
toda la documentación que a cuenta gotas se nos iba agregando y solicitando, corrigendo, etc., todo se envió, y
siguen sin su alta), lo que deriva en llevar a una propuesta pedagógica convencional, en una sola jornada con una
estructura de acuerdo a las Res. 026/13 y 027/13, perdiendo así por completo nuestro proyecto pedagógico
institucional, clara evidencia de esta intención es la nota recibida por la Prof. Franchini N° 1713/DPEGP/2025.- de
fecha 19 de mayo de 2025.
El fallo también sostiene que Valdocco, no rindió cuentas desde 2022. Esto es falso. Todas las rendiciones
se presentaron en tiempo y forma, incluyendo listados donde cada beneficiario fue perfectamente individualizado
con su DNI (incluso presentado en formato papel). El propio Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia recibió,
aprobó y desembolsó los montos correspondientes en el marco de los Convenios vigentes teniendo dichas
rendiciones como referencia.
El pronunciamiento habla de supuestos fraudes, incluso señalándome como autor de los mismos (soy el
representante legal de todas las Casas de Valdocco). Esto además de constituir una calumnia, por la que se
encuentran querellados varios funcionarios de este gobierno, es falso y persigue un interés meramente político. Al
respecto no existe imputación, ni sentencia, ni ninguna otra resolución judicial que lo acredite. Se trata de denuncias
formuladas sin fundamento alguno y sin relación con el objeto del amparo, que refiere exclusivamente al derecho
a la educación, al trabajo y a la alimentación en Santa Cruz.
Respecto de las tecnicaturas de deporte, tiempo libre y recreación y la tecnicatura en lenguaje artístico y música se argumenta que carecían de validez nacional y que existía exceso de personal. Esto es nuevamente falso.
Las tecnicaturas fueron aprobadas mediante resoluciones del propio CPE, con validez provincial (Res N° 2890/22 y
la 3277/23). El plantel docente está designado conforme a esas resoluciones. La tramitación de la validez nacional
es competencia del CPE, como lo indican las propias resoluciones por ellos emanadas, y nunca fue obstáculo para el
inicio de las cursadas, como lo demuestra el antecedente del INSET.
Se acusa a la Fundación de negarse a ser auditada y de tener mandatos vencidos. También es falso. Valdocco
presentó la documentación requerida en cuanto la Inspección General de Personas Jurídicas habilitó su recepción.
Durante meses fue ese organismo el que se negó a recibir las presentaciones.
En cuanto a las auditorías, las puertas de nuestras Casas de Estudio, como las de el Centro socio educativo
y terapéutico con sede en la localidad de Cañadón Seco siempre estuvieron abiertas. Tal así es, que el año pasado la
Sra. Francinni, ingresó sonriente a esta última residencia, habló con los directivos y se sacó fotos rodeada de los
chicos. También en la misma época, recibimos la visita del Gabinete del Gobernador casi completo, en un
allanamiento político, donde los pibes fueron intimidados, sometidos a interrogatorios revictimizantes, invadiendo
su espacio privado sin ningún tipo de empatía o sensibilidad. También fue gentilmente recibido en las dos Casas el
responsable de alimentos del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia.
Por último, se afirma que la Cámara ratificó la potestad del CPE de definir la oferta educativa. Esto es un
tergiversación del objeto del amparo con la finalidad de manipular a la opinión pública, ya que esa potestad nunca
estuvo en discusión. El fin del Amparo instruido ante las autoridades judiciales siempre fue impedir que CPE deje
sin efecto resoluciones propias vigentes, retenga montos correspondientes a los salarios de los trabajadores de
Valdocco y desfinancie proyectos ya aprobados.
La continuidad educativa tampoco está garantizada como dice el Gobierno, sencillamente porque no hay
continuidad real cuando se cierran tecnicaturas, se eliminan cargos y se retienen salarios. Lo que se ofrece es una
escuela vaciada, sin docentes pagos ni oferta técnica, que le da la espalda a cientos de estudiantes cuya realidad
concreta elige desconocer.
Llama poderosamente la atención que el fallo de la Cámara, omita la más mínima referencia a las responsabilidades que le caben al Consejo Provincial de Educación y al Gobierno de Santa Cruz. Este extremo no es abordado en ningún párrafo. No se los interpela por incumplir las resoluciones y normativas emanadas de
autoridades legítimas, ni por violar leyes provinciales y nacionales que los obligan a garantizar derechos básicos.
Tampoco se señala que fueron ellos quienes retuvieron sueldos en forma arbitraria violando el debido proceso,
incumplieron convenios vigentes y desfinanciaron programas esenciales, desconociendo derechos consagrados en
nuestra Ley Fundamental. Esta omisión demuestra un criterio parcial, desequilibrado y político.
Para invalidar la sentencia de Bersanelli, los jueces Arenillas y López, le hacen decir cosas que nunca dijo, ya que nunca se sostuvo que los fondos públicos percibidos por Valdocco no fueran pasibles de control, sino que el Consejo Provincial de Educación debía ejercer sus facultades contractuales, sin afectar la continuidad ni la oferta
educativa de El Calafate, ni los derechos de los más vulnerables, que se encontraban en juego.
El fallo es injusto, arbitrario y en línea con el oficialismo, cuyo accionar legitíma, tanto las vías de hecho,
como las retenciones ilegales, desconoce la vigencia de los convenios y deja sin protección derechos fundamentales
de los más vulnerables. Mientras tanto el relato oficial se alinea con el pronunciamiento confeccionado a medida, y lejos de aclarar, busca confundir a la opinión pública con acusaciones falsas y estigmatizantes.
Valdocco no se cierra. Valdocco resiste y seguirá defendiendo con firmeza el derecho a la educación, al trabajo y a
la alimentación de niños, niñas, jóvenes y familias de nuestra comunidad.
Cura Juan
