El proyecto introduce cambios en la normativa vigente que regula la protección de las zonas glaciares y periglaciares.
El oficialismo contó con el apoyo del PRO, la UCR, fuerzas provinciales y gobernadores peronistas. Obtuvo 137 votos favorables de 251 votos.
Javier Milei se anotó en las primeras horas de este jueves un triunfo legislativo en Diputadosdonde, entre chicanas por el patrimonio de Manuel Adorni, avanzó el debate por la Ley de Glaciares, con la aprobación de la reforma que solicitaban las provincias mineras, tal como hizo San Juan.
La iniciativa llegaba con media sanción del Senado y se convirtió en ley esta madrugada. En la previa, fueron rechazados pedidos de la oposición para citar al jefe de Gabinete al Congreso por la polémica con sus viajes y sus propiedades.
La votación fue con 137 votos favorables de 251 votos.
El oficialismo logró previamente el dictamen necesario en comisión para habilitar el tratamiento del proyecto. Se reunieron 19 firmas en Asuntos Constitucionales y 18 en Recursos Naturales, superando el mínimo requerido. La iniciativa se enmarca en los objetivos del Gobierno vinculados al Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI).
Durante el plenario, participaron gobernadores, ministros de minería y funcionarios nacionales, lo que generó críticas de la oposición.
Presencia clave y respaldo político
Uno de los datos salientes de la jornada fue la llegada de Karina Milei al recinto, en una señal política fuerte del oficialismo. La secretaria general de la Presidencia siguió de cerca la votación, considerada estratégica para la Casa Rosada.
El Gobierno sostuvo que la reforma no afecta la protección de los glaciares, sino que busca “precisar con rigor científico” las áreas protegidas. Además, vincula el proyecto con la necesidad de atraer inversiones y fortalecer el desarrollo económico en las provincias.
Protestas y presión ambiental
Mientras se desarrollaba la sesión, organizaciones ambientalistas realizaron marchas frente al Congreso y en distintos puntos del país. Entre ellas, Greenpeace cuestionó duramente la iniciativa, alertando sobre posibles impactos negativos en el ambiente.
Desde cuentas oficiales, el Gobierno respondió con dureza: acusó a las ONG de “condicionar a los diputados” y de frenar el progreso del país. También pidió a los legisladores que voten “por la Constitución y el desarrollo argentino”.