La reciente disolución de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) reconfiguró un área clave de la política social en la Argentina y dejó en el centro de la escena una cuestión sensible: el destino de un fondo que acumula cerca de $200.000 millones. La estructura, que durante años orbitó bajo la influencia de Juan Grabois, fue desmantelada en medio de cuestionamientos sobre su funcionamiento, su nivel de gasto y los mecanismos de control.
La SISU había sido creada en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri, con el objetivo de avanzar en la urbanización de barrios populares. Sin embargo, su peso político y presupuestario creció significativamente durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando quedó bajo la órbita de sectores vinculados a Grabois y al kirchnerismo, con respaldo político de Máximo Kirchner.
El instrumento clave fue el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), un fideicomiso que centralizó los recursos destinados a obras en villas y asentamientos. Este fondo se nutría, entre otras fuentes, de un porcentaje del Impuesto PAIS y del impuesto al cheque, además de haber recibido un impulso inicial con recursos del aporte extraordinario a las grandes fortunas aprobado durante la pandemia.
Un esquema con fuerte expansión y débiles controles
Durante su etapa de mayor actividad, la SISU llegó a contar con alrededor de 600 empleados. Buena parte de su estructura fue señalada por la oposición y sectores internos del propio peronismo como fuertemente politizada. Según datos difundidos por exfuncionarios del área, el organismo habría ejecutado más de US$1.200 millones en proyectos de urbanización, aunque la trazabilidad y control de esos fondos fueron objeto de críticas.
El fideicomiso FISU concentró la operatoria financiera, un esquema que —según cuestionamientos recurrentes— permitió una administración con menor nivel de supervisión directa respecto de los mecanismos presupuestarios tradicionales del Estado.
Cambio de gobierno y reconfiguración del poder
Con la llegada de Javier Milei al poder, el organismo entró en una etapa de redefinición. Si bien inicialmente hubo intentos de mantener su estructura con otros fines políticos —impulsados por dirigentes como Sebastián Pareja—, el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, limitó el acceso a los recursos del FISU, que se estiman en torno a los $250.000 millones.
Finalmente, la decisión fue avanzar con la disolución de la SISU. Actualmente, su planta se redujo de 600 a unos 100 empleados, redistribuidos en otras áreas del Estado, mientras se completa el traslado administrativo desde su histórica sede en el edificio de YPF en Diagonal Norte.
El núcleo del conflicto: quién controla los fondos
El punto crítico ahora es el destino del dinero acumulado en el FISU. Se trata de recursos públicos de magnitud significativa, cuyo uso aún no tiene una definición clara. Distintas áreas del gobierno evalúan alternativas para reasignarlos, en un contexto de fuerte restricción fiscal.
La discusión no es menor: esos fondos estaban originalmente destinados a políticas de integración urbana, pero su reasignación podría modificar prioridades dentro del gasto público. Al mismo tiempo, persisten cuestionamientos sobre la utilización pasada del fideicomiso, incluyendo denuncias informales sobre compra de tierras y ejecución de obras sin los controles habituales.
Un cierre con impacto político e institucional
La desaparición de la SISU marca el final de una etapa en la gestión de políticas sociales vinculadas a la urbanización de barrios populares. También deja expuesta una tensión estructural: cómo equilibrar la rapidez en la ejecución de programas sociales con estándares adecuados de transparencia y control.
En paralelo, el futuro del FISU se convierte en un nuevo frente de disputa dentro del oficialismo. La definición sobre su uso no solo tendrá impacto fiscal, sino también político, en un escenario donde cada peso del presupuesto adquiere un valor estratégico.
Se disolvió la SISU que manejaba Juan Grabois: Acumuló $200.000 millones y hay pelea política por los fondos
