Los gremios encabezados por Luis Barrionuevo reclamarán ante la Justicia la devolución de $688.000 millones que, según sostienen, el Gobierno mantiene inmovilizados.
El conflicto entre el Gobierno y el sindicalismo por el financiamiento de las obras sociales sumará un nuevo capítulo judicial. Unos 50 sindicatos, encabezados por el gastronómico Luis Barrionuevo, preparan una presentación conjunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo, para reclamar que se liberen alrededor de $688.000 millones que, según denuncian, permanecen retenidos por el Estado.
La presentación incluirá una acusación por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y reclamará que los recursos regresen al sistema sindical de salud. Además, los gremios exigirán una actualización de los valores del nomenclador utilizado para reconocer los gastos en medicamentos, cuyos montos, de acuerdo con el planteo sindical, permanecen congelados desde hace aproximadamente tres años.
La iniciativa fue acordada en una reunión que Barrionuevo mantuvo con gremios de su sector en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA). También se sumó la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de la Capital Federal, conducida por Roberto Bonetti, mientras que la presentación cuenta con el aval del Sindicato de Comercio, encabezado por Armando Cavalieri, que administra OSECAC, la obra social con mayor cantidad de afiliados del país.
De dónde surgen los $688.000 millones que reclaman los sindicatos
El reclamo se divide en dos grandes partidas, según la información que manejan los gremios.
• $288.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución: corresponden a recursos que, de acuerdo con el reclamo sindical, permanecen depositados en un plazo fijo en el Banco Nación. El fondo se utiliza para financiar reintegros a las obras sociales.
• $400.000 millones del Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud: son fondos vinculados con el acuerdo de pago alcanzado con OSDE por una controversia sobre aportes de afiliados voluntarios al sistema de obras sociales.
En el primer caso, el origen del dinero se remonta a una partida adicional de casi $148.000 millones incorporada al Presupuesto Nacional de 2023, durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía. La asignación, impulsada a pedido de la CGT, estaba destinada a financiar prestaciones críticas, entre ellas las vinculadas con discapacidad.
Según el planteo sindical, una parte de esos recursos fue restituida a las obras sociales, mientras que el monto restante creció por los intereses generados al permanecer depositado.
El antecedente del acuerdo de pago con OSDE
Los otros $400.000 millones reclamados están vinculados con el Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud, que depende de la Superintendencia de Servicios de Salud.
El antecedente se remonta a enero de 2017, cuando Swiss Medical denunció a OSDE por no haber ingresado al Fondo Solidario de Redistribución los aportes correspondientes a sus afiliados voluntarios. El caso también derivó en una denuncia de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISES).
En septiembre de ese año se aceptó una propuesta de pago de OSDE por unos $8.000 millones. Los recursos fueron destinados inicialmente al fideicomiso de la Cobertura Universal de Salud (CUS). En 2019, mediante el decreto 251, los fondos disponibles de ese acuerdo fueron trasladados al Fondo de Emergencia y Asistencia para financiar el auxilio a las obras sociales.
Ahora, los sindicatos reclaman que esos recursos se destinen al sistema de salud y cuestionan que continúen bajo control estatal.
La crisis de las obras sociales y el reclamo por los medicamentos
El escrito judicial también incluirá unpedido para que el Gobierno actualice el valor del nomenclador utilizado para pagar medicamentos. Según los gremios, el atraso en esos montos provoca que las obras sociales recuperen apenas el 10% de lo que desembolsan por ese rubro.
La situación financiera del sistema se agravó por la caída del poder adquisitivo de los salarios y el aumento de los costos médicos. Como consecuencia, distintas entidades enfrentan dificultades para pagar prestaciones y sostener la cobertura, mientras los sindicatos destinan recursos propios para evitar mayores interrupciones en la atención.
El sanitarista Luis Scervino, ex titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, director de la obra social de Obras Sanitarias y asesor de la CGT, describió el escenario como una “encerrona”.
“La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo”, explicó.
Scervino advirtió que, cuando las entidades no pueden afrontar los costos por su magnitud, los conflictos terminan en la Justicia. “Esto es una olla a presión”, resumió.
La CGT y el Gobierno no logran destrabar el conflicto
La ofensiva judicial también expone diferencias dentro del sindicalismo. Mientras Barrionuevo impulsa una presentación propia, la CGT continúa evaluando cómo responder a la crisis financiera de las obras sociales.
La central obrera mantuvo tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA, pero, según fuentes sindicales, los encuentros no produjeron respuestas concretas a las propuestas presentadas.
Uno de los principales puntos de preocupación es el peso de las prestaciones por discapacidad. Según estimaciones citadas por fuentes de la CGT, cerca del 90% de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución se destina actualmente a esas prestaciones, que representarían un gasto mensual de unos $160.000 millones.
Ese nivel de demanda reduce el margen disponible para reintegrar a las obras sociales los gastos de tratamientos de alta complejidad y medicamentos de alto costo.
Barrionuevo también prepara medidas de fuerza contra el Gobierno
El conflicto por los fondos de las obras sociales se suma a la disputa de Barrionuevo con el Gobierno por otras cuestiones laborales y políticas.
El dirigente gastronómico rechaza la posibilidad de un paro parcial de dos o cuatro horas impulsado por la CGT y sostiene que debe realizarse una huelga general de 36 horas con movilización para expresar el rechazo a las políticas de Javier Milei.
Además, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) anunció un paro nacional y una movilización frente al Ministerio de Capital Humano para el 16 de noviembre. El gremio reclama que la Secretaría de Trabajo certifique a sus autoridades tras el triunfo electoral de diciembre pasado y homologue su último aumento salarial.
MDZ