El Gobierno de Milei derogó hoy las Resoluciones 575/2021 y 55/2022 que habían creado el Registro Nacional de Organizaciones Sociales que abordaban temáticas de Género y Diversidad y el Programa Acercar Derechos para Personas en Situación de Violencias por motivos de Género.
Para justificar este nuevo paso de la motosierra sobre uno de los sectores más débiles de la sociedad, el gobierno libertario advirtió que ninguno de los programas brindaba una respuesta adecuada a las mujeres víctimas de violencia de género. Para resolver esta deficiencia, los libertarios decidieron no brindar ningún tipo de respuesta.
Según consignó el Ministerio de Justicia de la Nación, en el caso del Programa Acercar Derechos para Personas en Situación de Violencias por motivos de Género se habrían detectado «debilidades graves en los circuitos operativos, el sistema de registro, la supervisión de casos y la documentación de las intervenciones».
La Resolución instruye además a la Subsecretaría de Derechos Humanos, a la Unidad de Auditoría Interna y a la Subsecretaría de Gestión Administrativa para que implementen las medidas necesarias que garanticen la aplicación efectiva de la derogación, todo en el marco de las competencias asignadas tras la reforma ministerial.
El Registro Nacional de Organizaciones Sociales que Abordan Temáticas de Género y Diversidad fue creado para consolidar la protección de los derechos de mujeres y personas LGBTI+ y tenía como finalidad relevar y sistematizar datos sobre organizaciones sociales que trabajan en este campo en el país.
La iniciativa buscaba mejorar el acompañamiento estatal a esas entidades, optimizando recursos, poniendo a su disposición nuevas herramientas y fortaleciendo el trabajo conjunto y la articulación en red entre el Ministerio y las organizaciones, así como también entre las propias agrupaciones.
En tanto el Programa Acercar Derechos para Personas en Situación de Violencias por Motivos de Género apuntaba a dar una respuesta integral a las necesidades en situaciones de violencia motivada por cuestiones de género. El programa se estructuró como una política de proximidad, orientada a abordar de forma simultánea las distintas vulneraciones de derechos que afectan a las personas en contextos de violencias, siempre bajo una perspectiva interseccional e intercultural.