Con la presencia de la senadora nacional Alicia Kirchner, quien convocó a los dirigentes empresarios santacruceños al Palacio Legislativo, se llevó a cabo la presentación del mapeo interactivo sobre la situación de morosidad. Durante el plenario, las exposiciones se centraron en el ahogamiento financiero de los comercios, el impacto del retiro de YPF, la caída drástica del consumo y la necesidad de una herramienta legislativa integral para evitar el cierre masivo de PyMEs.
En el marco de la reunión informativa conjunta desarrollada en el Salón Arturo Illia del Congreso de la Nación, la situación económica de la provincia de Santa Cruz ocupó un rol central en el debate sobre la morosidad y el endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas. La actividad contó con la participación de la senadora nacional Alicia Kirchner, presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, quien invitó especialmente a los referentes gremiales empresarios del sector para visibilizar el impacto directo del modelo económico nacional en el territorio patagónico.
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Al hacer uso de la palabra, el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz y representante de CAME en la provincia, Guillermo Polke, trazó un crudo diagnóstico social y comercial, advirtiendo que la crisis excede al sector empresario: «No hay forma de que le vaya bien a nuestros negocios si al vecino le va mal. Si a la gente no le alcanza para vivir, que tiene que estar el viejo partiendo la pastilla porque no le alcanza, porque no se la dan o porque se suspendió el programa o porque la salud pública viene caída libre, es muy difícil que a nosotros nos vayan bien». El dirigente remarcó que la contracción del consumo en rubros esenciales como lácteos, verduras y carnes responde pura y exclusivamente a la pérdida de poder adquisitivo, donde gran parte de los ingresos familiares se destinan al pago de tarifas.
Asimismo, Polke profundizó sobre el factor desestabilizador que significó el retroceso de la actividad hidrocarburífera en la región sur: «Hubo una decisión política y que afectó mucho, muy gravemente a Santa Cruz y gran parte de provincias productoras… que fue el retiro de YPF. El retiro de YPF implicó más de 10.000 puestos de trabajo perdidos en Santa Cruz, una provincia grande geográficamente, pero con una población pequeña, somos 400.000 habitantes». Esta sangría laboral, según explicó, arrastró consigo la caída de la recaudación fiscal y el consecuente deterioro de la salud, la seguridad y la educación pública. En el plano financiero, advirtió que el ahogamiento empuja a las familias y comercios a recurrir a vías informales de endeudamiento con prestamistas barriales, rematando con una advertencia sobre el futuro geopolítico de la región: «Y qué está generando esto, ¿despoblamiento?… Soberanía es poblar, no descuidemos a la Patagonia».
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Leandro Fadul, aportó la perspectiva microeconómica del sector comercial y evaluó las consecuencias de la presión fiscal y judicial sobre las empresas: «A este momento y a esta situación de morosidad llegamos porque las pymes tenemos costos de estructura y tenemos que hacer frente a esos costos de estructura todos los meses… Y en un contexto de recesión, las utilidades de nuestras pymes están siendo pisadas. Entonces, con una utilidad pisada o incluso a pérdida, es imposible hacer frente a una cuota de amortización de deuda».
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Fadul también cuestionó severamente los mecanismos de ejecución fiscal implementados por el organismo recaudador nacional: «El endeudamiento que podemos tener con ARCA… hoy termina siendo, no solamente por la presión fiscal que existe y es la misma de siempre, sino también por la presión de cobro que está teniendo ARCA o que venía teniendo hasta hoy con respecto al accionar de los juicios de ejecución fiscal que derivan en un embargo». En este sentido, calificó los embargos preventivos como una vulneración al derecho de propiedad privada y reclamó que el reciente anuncio de suspensión de medidas de ejecución por parte del Ejecutivo nacional sea acompañado de una ley complementaria de moratoria con herramientas financieras accesibles —como plazos de 120 cuotas—, advirtiendo que, de lo contrario, la tregua actual podría resultar insuficiente y agravar el colapso financiero de las PyMEs.