Los especialistas indicaron haber recibido informes de al menos 26 muertes, 1.876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones, 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, al menos 12 casos de violencia sexual y alegaciones de tortura, denuncias que pidieron que sean investigadas exhaustivamente.
En el escrito los firmantes rechazaron cualquier intento de estigmatización de los manifestantes, entre ellos pueblos indígenas que han sido acusados de participar armados en las protestas pacíficas. Los integrantes de los organismos expresaron su preocupación por la participación de los militares en la respuesta del Gobierno a estas protestas iniciadas el 28 de abril en oposición a un proyecto de reforma fiscal planteada por el Gobierno que ya ha sido retirado.